Partes: C. V. c/ V. C. A. s/ alimentos
Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto
Fecha: 16-mar-2016
Obligación del progenitor de abonar la cuota alimentaria fijada para su hijo y accesoriamente hacerse cargo en lo que no cubriere la obra social del tratamiento oncológico.
Sumario:
1.-Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el demandado contra la sentencia que fijó la cuota de alimentos que debe a su hijo e impuso a su cargo el pago de los gastos derivados del tratamiento oncológico que se realiza el menor, en la proporción y en los casos que no cubriere la Obra Social – en el caso, el recurrente alegó que la acción de amparo contra la obra social vació de contenido lo resuelto en este proceso, desde que la sentencia de alimentos deja bien claro que el progenitor, debe soportar la proporción en que no lo haga la prepaga o bien, cuando ésta no cubra los montos que correspondieran a las prestaciones oncológicas.
2.-Está obligado el demandado en juicio de alimentos a abonar una cuota y la proporción en la que la obra social no cubre los gastos del tratamiento oncológico del menor, pues su obligación proviene de su condición de progenitor que debe cumplimentar su obligación alimentaria y de asistencia en general de su hijo; y las prestaciones que debe cumplimentar la obra social proviene de una relación contractual que, en relación a su hijo es una estipulación a favor de terceros, no existiendo vaciamiento de contenido de la sentencia en éste proceso de alimentos con relación al amparo, sino que ambas decisiones mantienen su autonomía.
Fallo:
En la Ciudad de Venado Tuerto, a los 16 días del mes de marzo del año 2016 se reunieron en Acuerdo los Señores Vocales Doctores Héctor Matías López, Carlos Alberto Chasco y Juan Ignacio Prola, de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, para resolver en los autos. “C. V. c. V. C. A. S. ALIMENTOS LEGAJO DE COPIAS”, Expte Nro.xxx, venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Familia. Hecho el estudio del juicio, se procedió a plantear las siguientes cuestiones:
1°) ¿ES JUSTA LA SENTENCIA RECURRIDA?
2°) ¿QUE PRONUNCIAMIENTO SE DEBE DICTAR?
Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. Chasco, Prola y López.
A la primera cuestión el Dr. Chasco, dijo: I La Sra. Jueza de Primera Instancia de Distrito de Familia de ésta ciudad decidió la litis con el dictado de la sentencia N° 514 del 15 de octubre del 2013 (fs.356365),resolviendo: I. Fijar cuota alimentaria ordinaria desde la iniciación de la demanda, a cargo del demandado en autos, Sr. C. A. V., en favor de su hijo F. C., en la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500), la que deberá ser depositada en una caja de ahorros del uno a diez de cada mes; II. Fijar a cargo del demandado el pago de los gastos derivados del tratamiento oncológico que realiza F.C., comprendiendo gastos de farmacia, traslados y/o estadía y otros que pudieran corresponder, en la proporción y en los casos que no cubriere la Obra Social que posee el mismo; III. Ratificar la constitución oportunamente ordenada por Resolución N° 10212 de un fondo de reserva de $ 10.000 (Diez Mil) para el pago exclusivo de los gastos descriptos en el artículo anterior, el que deberá ser depositado en la cuenta judicial abierta en el Banco de Santa Fe SA, en nombre de éste Juzgado y para estos autos.Dicho fondo será mantenido constantemente en esa suma, a cuyos efectos el demandado deberá verificar mensualmente el saldo y en su caso, proceder a su cobertura del uno al cinco de cada mes, salvo situaciones extraordinarias que requirieren reposición en menor tiempo. La actora podrá disponer del todo o parte del mencionado fondo de reserva, con oportuna y legal acreditación de su destino. IV. Establecer que la mora en el pago de la cuota alimentariadevengará intereses a razón de la Tasa Activa Capitalizada del Nuevo Banco de Santa Fe SA para las operaciones de descuento de documentos; V. Hacer saber que el incumplimiento de lo ordenado en la presente Resolución dará lugar a la fijación de astreintes a cargo del incumplidor; VI. Costas al demandado.
La sentencia ha sido recurrida mediante apelación por la demandada (v.fs. 367), siéndole concedido el recurso en relación y con efecto devolutivo (fs.371). Elevados los autos (fs.430), y corrido traslado (fs. 439), expresó sus agravios la recurrente (v.fs. 440443), los que fueron contestados por la accionante a fs. 447450. Se llamaron los autos a la Sala (fs.455), proveído notificado y firme (v.fs. 456). Dejo constancia que, a fs.453, se peticionaron, ad effectum vivendi los autos principales y el amparo caratulado “V. c. ACA SALUD”, los que fueron remitidos por el juzgado de primera instancia. De tal modo, han quedado los presentes en estado de ser revisados por este Cuerpo.
Así las cosas, en este estado hago remisión al relato de las cuestiones debatidas efectuado por la a.quo por ajustarse a las constancias de autos y no haber sido objetado.
A continuación sintetizo las críticas de la apelante: a. Que la sentencia recurrida se dictó el 15102013; el 28102013 se dictó sentencia en los autos “V., C. A. c/ACA SALUD s. PRETENSION DE AMPARO” (Expte N° 416/12, del registro del Juzgado de Familia de Venado Tuerto), cuya sentencia condenada a ACA SALUD a proveer a su afiliado F. C.una cobertura integral que incluya los tratamientos experimentales y consultas con expertos que los oncólogos tratantes determinaren en caso de no ser gratuitos, como así también la provisión de los gastos de traslado, a través de vehículos propios o de terceros contratados al efecto y la permanencia, en caso estrictamente necesario, en la ciudad de Buenos Aires y/o donde los oncólogos determinaren; todo ello en compañía de un adulto y a los efectos de la realización de controles y/o tratamientos que demandare enfermedad inmuno depresiva que padece, diagnosticada como tumor cervical lateral derechosarcomo histocístico. Así también, al reintegro de los gastos de traslado y/o alojamiento solventados por cualesquiera de los progenitores de F. C. y/o F. V., a partir de la fecha de interposición de la presente acción. Luego, por aclaratoria se agregó, a cargo de la referida obra social, el reintegro de los gastos de farmacia. En base a ello, sostiene el recurrente, que la sentencia de amparo vacía de contenido la decisión subexamine, al haber quedado firme la resolución del amparo. Dice que la actora en estos autos fue parte en este proceso y consintió ese fallo; b. Que, el anterior letrado de la actora, como si no reconociera la existencia misma del amparo, como si el fondo de reserva fuese una cuota que se devengase mensualmente y con completa abstracción de las constancias de la cuenta judicial abierta en autos, primero denunció al demandado por incumplimiento y después practicó la planilla de fs. 384384 vta., ambas actuaciones fueron resistidas por la demandada, precisando que la sentencia mandaba a pagar una cuota y a constituir un fondo de reserva: Que la primera era fija y el segundo, flotante; que la primera había sido rigurosamente integrada y que el segundo se gestionaba mediante la acreditación pormenorizada del gasto, pero que, los literales 2 y 4 de la resolución apelada habían sido radicalmente vaciados de contenido por el amparo conexo.Que, la jueza a.quo resolvió esa cuestión salomónicamente mandando practicar nueva planilla. Detalla como se sucedieron las actuaciones en baja instancia, tanto en estos autos como en el amparo con posterioridad a su decisión final y que, posteriori, se declaró la perención de instancia recursiva de éste, quedando, firme su resolución. c. Acusa que la sentencia en crisis incurre dos veces en el vicio de incongruencia, una, al otorgar más de lo pedido y otra, al otorgar cosa distinta de la pedida. Refiere que la sentencia es ultra petita ya que fue demandada la suma de $ 4000 y la decisión otorga $4500, resultan exorbitantes y esa exorbitancia debe ser corregida. Que la sentencia es extra petita respecto de la constitución de un fondo de reserva, por lo tanto otorga cosa distinta de la pedida, lesionando el principio de defensa en juicio. d. Que la sentencia en crisis incurre en un tercer vicio, ya no procesal, sino de fondo: resulta enorme y de gestión imposible. Dice que la constitución a cargo de un particular de un fondo de reserva de $ 10.000, que debe mantenerse constante y cuya gestión se encomienda a la contraparte, incurre decididamente en el vicio de enormidad, que resiente de nulidad cualquier acto. Sostiene que a efecto de mensurar la enormidad denunciada, tanto como de hacer lo propio con la exorbitancia señalada, la actora no produjo (ni ofreció) prueba alguna de la capacidad económica del demandado. En cuanto a la imposibilidad de gestión del fondo de reserva, detalla rendiciones de gastos que no serían merecedoras de ser reintegradas por la demandada y objeta los gastos de viaje y la existencia de gastos de farmacia cuando el actor tenia la cobertura de ACA SALUD. e. Por la sustracción de materia al haber sido vaciada de contenido la sentencia sub.examine por la recaída en los conexos de amparo.
Por su parte, la apelada procedió de modo enfático a rechazar las quejas de la demandada, exponiendo sus argumentos y bregando por la confirmación del decisorio alzado.
II.Previo a dar respuesta al recurso en ciernes he de aclarar que el beneficiario de los alimentos, conforme surge de las actuaciones apioladas a estos autos sobre filiación extramatrimonial y a las propias constancias de éstos, es el Sr. F. V. C. D.N.I. 39.694.373, quien al haber llegado a la mayoría de edad, ha comparecido personalmente, dejando de lado la representación que anteriormente ejercía su madre a través de apoderado. Atento a ello, se debió recaratular la causa en la sede de origen.
III. Ingresando al análisis de los argumentos apelatorios, habiendo confrontado los fundamentos dados por el sentenciante, con los agravios que a su respecto se expusieran, réplica dada a éstos y normas que resultan aplicables en la especie, en mi opinión, corresponde dar una respuesta negativa a la pretensión recursiva, por las siguientes razones.
III.1. Contrariamente a lo que sostiene la demandada recurrente, no se verifica ningún vaciamiento de contenido respecto a lo resuelto en la sentencia de alimentos, en relación a lo dispuesto por el amparo.
La sentencia de alimentos deja bien claro que quedan a cargo del Sr. C. V. el pago de los gastos derivados del tratamiento oncológico, comprendiendo gastos de farmacia, traslados y/o estadía y otros que pudieren corresponder, en la proporción y casos que no cubriere la Obra Social que posee el mismo.
Vale decir que se contempla la obligación de la obra social para responder en relación al tratamiento y gastos de F. V. C., pero, su progenitor, debe soportar la proporción en que no lo haga la prepaga o bien, cuando ésta no cubra los montos que correspondieran a aquellas prestaciones.
Además, la obligación del Sr. C. V. proviene de su condición de progenitor que debe cumplimentar su obligación alimentaria y de asistencia en general de su hijo; y las prestaciones que debe cumplimentar la obra social proviene de una relación contractual entre C. V.y ACA SALUD, que, en relación a su hijo es una estipulación a favor de terceros.
Reitero que no existe vaciamiento de contenido de la sentencia subexamine en relación al amparo, sino que ambas decisiones mantienen su autonomía, no exentas de complementación.
III.2. Las cuestiones p rocedimentales a las cuales hace referencia el recurrente, no sólo que no tramitan en esta instancia, sino contra lo resuelto por la magistrada de grado no existe recurso concedido y elevado. Tampoco podemos aventurar respuesta en relación a las no decididas pues estaríamos adelantando opinión, circunstancia vedada a éste Tribunal.
En cuanto a los vicios que endilga a la sentencia sub examine, ellos no son tales.
Dice que la resolución resulta extra petita por la constitución de un fondo de reserva, que resulta ser cosa distinta a lo peticionado. No explica porqué.
Digo que no explica porqué ya que en la demanda se peticionó la fijación de alimentos provisorios y la fijación de una cuota extraordinaria.
El demandado, en la audiencia de fs. 16, establecida a los fines de la fijación de alimentos provisorios, ofrece: ” $ 2.000,00como cuota ordinaria y $ 4.000,00 como cuota extraordinaria en tanto se mantenga la situación actual debido a la dolencia que padece el menor y el tratamiento que está llevando”.
Al responder el escrito inaugural formula un “Allanamiento parcial.Mi parte se allana a satisfacer la pretensión de la actora hasta el límite de $ 4.000 en concepto de cuota extraordinaria y $ 2.000 en concepto de cuota ordinaria; bien entendido que no a la sumatoria de ambas sino a la primera en tanto se mantenga la situación de excepción, y a la segunda en lo sucesivo”.
La Resolución N° 1022012 (fs.172174) luego de establecer la nueva cuota alimentaria básica y provisoria en la suma de $ 3.000 en favor del menor y fijar a cargo del demandado el pago de los gastos derivados del tratamiento oncológico, comprendiendo gastos de farmacia, traslados y/o estadías y otros que pudieren corresponder, en la proporción y casos que no cubriere la Obra Social que posee el mismo, dispone la constitución de un fondo de reserva de $ 10.000 similar al que quedó establecido en forma definitiva en la resolución aquí y ahora tratada. El accionado apeló “en forma autónoma el monto del llamado fondo de reserva”.
Como se ve, este “fondo de reserva” no surge ex novo con la decisión N° 5142013, sino que ya tenía andamiento y vida propia procedimental en los presentes autos.
Pero, de modo fundamental debo resaltar que el letrado de la demandada se circunscribió a recurrir su monto y no su conformación.
Dicha apelación fue rechazada oportunamente por este Cuerpo por mayoría (vid.Resolución N° 394 del 120913 pub.en Lex Fori N° 280 yhttp://www.lexforionline.com). Queda claro que la actora solicitó una cuota extraordinaria en su demanda, a la cual se allanó la demandada, la cual no dista conceptualmente del “fondo de reserva” que se establecen y que ya ha sido totalmente aceptado por la apelante en todas sus intervenciones anteriores, si bien disintiendo del monto, no así de su concepto.
En mi concepto, resulta aquí aplicable la denominada “doctrina de los propios actos”, de creciente desarrollo y aplicación en nuestro medio, que ha excedido ya su operatividad en el terreno del Derecho civil, para extender su acción a otras ramas jurídicas, particularmente al ámbito procesal.
En efecto, el principio expresado a través del brocárdico “nemo contra factum suum venire potest”que se funda en elementales consideraciones de justicia y buena fe que establece que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, cuando, como en el caso, ese comportamiento ha sido deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.
Por ello se rechaza esta queja.
IV. 3. Respecto a que la sentencia es ultra petita respecto a que la cuota alimentaria se ha fijado en $ 4.500 y que en la demanda se había solicitado $ 4.000, contrariamente a lo que menciona el apelante, lo que exorbita es la queja, máxime cuando no da razon superadora de lo argumentado por la sentenciante.
La magistrada de grado ha establecido: “En cuanto al quantum de la cuota, considerando lo solicitado por las partes, el tiempo transcurrido desde la demanda, lo dictaminado por el Sr. Asesor de Menores a fs. 355, atendiendo al principio rector del interés superior del niño, consagrado en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño incorporada al inc.22 del art. 75 de la CN, considero adecuado el criterio sustentado por el representante del Ministerio popular, sin que ello conculque el principio de congruencia”.
Sobre esa fundamentación no existe una línea tendiente a arrumbarla.Solo hay una enunciación que no alcanza a desvirtuar la decisión.
El principio de congruencia impide el pronunciamiento fuera del objeto procesal propuesto por las partes. El juez no puede bajo ninguna circunstancia apartarse del mismo, este mandato constituye un límite preciso al deber de juzgar impuesto al tribunal por la ley objetiva.
Ahora bien, el objeto procesal de este juicio es la fijación de una cuota alimentaria, sobre la cual el juez tiene poderesdeberes para establecerla, teniendo en cuenta las pruebas producidas, la situación de quien requiere alimentos y del alimentante y las normas constitucionales y convencionales que rigen la materia.
El principio de tutela efectiva, pronta y eficiente administración de justicia, priman, en estos procesos por sobre el principio dispositivo.
Además, la fijación de una cuota alimentaria no causa estado, y puede modificarse, tanto aumentar como disminuir su monto, si alguna de las circunstancias del alimentante o del alimentado han variado con relación al momento en que fijara aquella, en entidad suficiente para justificar la variación de la cifra.
Como lo expresara la aquo, este deber encuentra igual fundamento en nuestro derecho constitucional a tenor de los instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen al niño el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado e imponen a los progenitores el deber de asegurar el derecho del hijo concebido a la vida, a la salud y al desarrollo.
En especial, el art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone en sus dos primeros incisos que “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” y que “A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño”.
Esta normativa se ve reforzada tras la sanción de la ley 26061, cuyo art.7 sentencia que “La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adoslescentes el disfrute pleno y efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos”.
En definitiva, en el marco de los deberes emergentes de la responsabilidad parental, basta acreditar la existencia del vínculo filiatorio para admitir la procedencia de la acción de alimentos, sin perjuicio de que la cuota se establecerá en relación a las necesidades del alimentado, las posibilidades del demandado y la necesaria contribución del otro progenitor
(conf. Bossert, Gustavo A, Régimen jurídico de los Alimentos, cit. p.199).
Las necesidades de cubrir mediante la cuota alimentaria son las detalladas por el art. 659 del CC y CN.
Desde esta perspectiva, aunque con relación al Código derogado (cuya disposición en la materia era similar a la vigente), la jurisprudencia ha dicho que “a los fines de fijar una cuota alimentaria debe procurarse que los alimentados tengan cubiertas sus necesidades elementales, enumeradas en el art. 267 del C.Civil, satisfechas de acuerdo con un nivel de
vida razonable y decoroso.” (CNCiv, Sala K, 28/02/2002, “S.L.M.c. R.L.A” LL. 18032002, p4). En este sentido se recuerda que “el pago de quienes se encuentran obligados debe realizarse de manera integral, de forma tal que salvaguarde, mediana y decorosamente, las necesidades relativas a lo moral, cultural, y en especial los gastos que demande la subsistencia, habitación, vestimenta, de salud y esparcimiento de los menores implicados” (C. Apel. Civ. y Com.2da.Nom. Santiago del Estero, 06/06/2007, “C.S. del C. c.G.H.”, LLNOA 2007 (octubre) 948).
Siendo así, la determinación del quantum de la cuota alimentaria “debe contemplar la edad del alimentado, necesidades, desarrollo físico y socio cultural.” (CNCiv., Sala M, 1702.1997, L.L.1997 C.499). En este entendimiento “a los efectos de estimar las necesidades de los alimentados, debe tenerse en cuenta el nivel socioeconómico y cultural que estos gozaban hasta el momento del conflicto entre los progenitores, o en su caso hasta el cese de la atención voluntaria del conjunto de sus necesidades por parte del demandado” (CNCiv,Sala K, 23022007, “B.V.T.M.s.S.J.C.” La Ley Online).
Por otra parte, sabido es que las sumas que componen el reclamo alimentario efectuado por la madre constituyen solo una pauta valorativa, pero en modo alguno obligan al sentenciante, máxime cuando de su análisis se desprende que el importe reclamado representa el total de gastos supuestamente necesarios para los menores y el reclamo lo integran rubros que sólo en parte los benefician.
Reitero que la cuota alimentaria se determina de acuerdo a la edad y necesidades genéricas de los alimentados. Lo esencial en relación al tema de alimentos gira en torno al concepto de necesidad, el que indica que no se trata de hacer que los alimentados participen de la fortuna paterna cuando ésta existiere o que la cuota se fije en proporción directa de aquélla o de la posición económica del alimentante, sino conforme a la edad y reales necesidades de los menores.
Por lo expuesto, se rechaza el agravio.
IV.4. En cuanto a la supuesta “enormidad” denunciada, ella no es tal.Ya se dijo que el fondo de reserva ha sido aceptado por el apelante, que sólo discutió su monto y sobre lo cual este Tribunal ya resolvió rechazando el argumento del alimentante.
En cuanto a las pruebas, en este tipo de juicios, cada parte está obligada a aportar la prueba que está en mejores condiciones de producir y el demandado está obligado a prestar la colaboración necesaria a efectos de que queden demostrados sus reales ingresos (CNCiv., Sala G, 7291, R. 82.311).
La falta de cumplimiento de esta obligación no puede redundar en contra del alimentado y, cuando no se cuenta con prueba directa de la capacidad económica del alimentante, la prueba puede surgir de indicios (conf. Sala E, “C.de F.M.I. c. F.M.J.C. Del 28485).
En efecto, cuando no se cuenta con elementos que permitan dar una idea cabal de las entradas del alimentante, se debe ponderar sobre la base de las pruebas aportadas el caudal económico del obligado para a partir de él estimar el quantum de la pensión alimentaria.
Dentro de este contexto, la circunstancia de que no se encuentren acreditados los ingresos del obligado no reviste relevancia cuando se trata de una persona joven sin impedimento para desarrollar alguna actividad laboral que le permita cumplir con sus obligaciones paternales.
Por otra parte, no existiendo prueba concreta del trabajo que desarrolla el demandado ni el monto de sus ingresos en la actualidad, debe tomarse como base la prueba indiciaria (ver fs. 187197, 268297, 347445, fs. 455, fs. 486489) y buscar equilibrio entre el deber de proporcionarle a sus hijos un buen nivel de vida, acorde a sus necesidades y su real capacidad contributiva, sin dejar de ponderar que ambos progenitores deben colaborar en la manutención, aunque en menor proporción quien cuenta con la tenencia y cuidado del niño.En el caso, no es dable indagar sobre la capacidad económica de la madre ya que su aporte no se encuentra cuestionado.
Por todo lo expresado, voto por el rechazo del recurso de apelación de la demandada.
A la misma cuestión el Dr. Prola, dijo: Adhiero al voto precedente.
A la misma cuestión el Dr. López, dijo: Habiendo efectuado el estudio del juicio, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes, invoco la aplicabilidad al caso de lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 10160.
A la segunda cuestión el Dr. Chasco, dijo:
Atento el resultado de la votación que antecede, corresponde: a. Rechazar el recurso de apelación de la demandada, confirmándose la sentencia alzada; b. Las costas de alzada se imponen a la recurrente; c. Se deberan regular los honorarios de los profesionales actuantes en el 50% de los fijados en la sede inicial. d. Disponer que el Juzgado de primera instancia interviniente proceda a recaratular los presentes autos con el nombre del actual actor: F. V. C., tomando razón tambien Mesa de Entradas de ésta Cámara ante una eventual nueva elevación de los presentes autos por otro recurso relacionado con los mismos
A la misma cuestión el Dr. Prola, dijo: Adhiero al voto precedente.
A la misma cuestión el Dr. López, dijo: Me remito a lo dicho en la anterior cuestión.
Por todo ello, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto,
RESUELVE:
I. Rechazar el recurso de apelación de la parte demandada, confirmándose la sentencia recurrida.
II: Las costas de alzada se imponen a la recurrente perdidosa.
III. Se deberan regular los honorarios de los profesionales actuantes en esta sede en el 50% de los fijados en la sede inicial.
IV. Disponer que el Juzgado de primera instancia interviniente proceda a recaratular los presentes autos con el nombre del actual actor: F. V. C., tomando razón también Mesa de Entradas de ésta Cámara ante una eventual nueva elevación de los presentes autos por otro recurso relacionado con los mismos.
V. Remitir en devolución los autos solicitados ad effectum videndi.
Insértese, hágase saber y bajen.
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